Menores en riesgo de exclusión social

La situación de los menores con problemas sociales en España se podría definir como impactante.

La mayoría de dichos problemas suelen ser causados por las relaciones socio parentales como los factores personales de las madres y padres ( trayectoria de riesgo, autoestima y controlabilidad parental) así como la edad de los propios chicos y chicas.

También hay que destacar la victimación sexual infantil en España. La Universidad de Barcelona ha realizado  numerosos estudios internacionales confirman

que se trata de un problema altamente frecuente, que afecta a un importante porcentaje de la población.

año 2009 por Pereda, Guilera, Forns y Gómez-Benito y establece que un 7,9% de los varones y un 19,7% de las mujeres reporta haber sido víctima de alguna forma de abuso o agresión sexual, con o sin contacto físico, antes de la mayoría de edad. . Factores como el secretismo que caracteriza la situación, la vergüenza que experimenta la víctima al relatar lo sucedido, las sanciones criminales que implica la denuncia de estos casos, así como la joven edad y la dependencia del adulto que caracterizan a estas víctimas, provocan que únicamente un escaso número de menores relaten lo sucedido en el momento en que ocurre, siendo más que probable que las estadísticas oficiales subestimen la dimensión real del problema. Además el deseo de proteger a la familia y el temor a las amenazas del agresor son, entre otros, los motivos que hacen que la víctima permanezca en silencio.

En España, El número total de niños y niñas en los que se apreció alguna forma de maltrato fue de 8.565, lo cual representa una media anual de 0,44% respecto de la población infantil. En relación al abuso sexual infantil, el número de niños y niñas afectados fue de 359, un 4,2% del total de niños y niñas maltratados. Enlace: http://www.ecpatspain.org/imagenes/auxiliar/Pereda_2016.pdf

En la actualidad, uno de los problemas más frecuentes al que se enfrentan los menores es el ciberacoso.

El ciberacoso se puede considerar como un problema social que afecta de forma transversal a distintas áreas de la víctima: el colegio, su grupo de iguales, su salud… El mayor número de menores que han sufrido este problema social se encuentra en Andalucía según se observa en estadísticas realizadas por Save the Children en febrero de 2016.  En estos casos el trabajador social tiene que analizar todas las necesidades y datos para poder elaborar un programa de intervención social, que atienda tanto a la víctima y acosadores pero sin olvidar también al resto de partes implicadas como la escuela, entorno familiar..

En nuestra opinión los centros educativos deberían formar a los chicos y chicas no solo la adquisición de conocimientos, sino también formarlos para que puedan llegar a asumir el protagonismo de sus propias vidas y desarrollar habilidades para una correcta resolución de conflictos.

La familia es el primer y uno de los principales agentes de socialización de los niños y niñas. Sin embargo, el rápido avance tecnológico y la brecha digital que se ha generado, ha propiciado que los padres y madres vean las TICs como un ámbito sobre el que no “saben” intervenir. Esta visión ha contribuido a crear una falta de responsabilidad educativa y preventiva por parte de los padres y madres. Según la encuesta realizada en 2008 por el Observatorio de Infancia y Adolescencia de Andalucía, son pocos los progenitores que ejercen algún tipo de control sobre el uso que sus hijos hacen de Internet, tanto en lo que se refiere al tiempo que están navegando como a los contenidos a los que acceden. Hay un porcentaje muy similar de los que dicen que sus padres controlan el uso que hacen de la Red (37,1%) y de los que afirman no tener ningún tipo de control (35,5%).

A continuación, nos disponemos a hablar sobre los centros de menores en España. La mayoría de los chavales que ingresan en centros de menores son víctimas de la injusticia social. Su realidad es diversa, como lo son los diferentes tipos de centros que existen.

 Existen dos grandes grupos de centros: los de protección (los menores son retirados de sus familias por graves situaciones de desamparo) y los de reforma (ingresan por cometer delitos). En el primer caso, los niños pasan a centros de protección y la Comunidad Autónoma se convierte en la responsable de su tutela. En total, más de 30.000 menores se encuentran en esta situación. Al no existir un reglamento común, se produce gran disparidad de situaciones y protocolos pero, en general, para retirar a los niños de sus familias no hace falta orden judicial. Son los servicios sociales de la zona, en teoría tras agotar todos los recursos posibles, los que les derivan a los centros. La retirada de la tutela no es una situación fácil para los padres. “Pueden percibirlo como una injusticia, sienten angustia, pero cuando nos conocen van confiando y ven que es una buena ayuda”. La finalidad es que puedan recuperar a sus hijos cuando mejore su situación o bien que los menores salgan acogidos por otras familias. cada vez reciben más casos de adolescentes de familias de clase media que solicitan una guarda temporal porque “los padres no pueden hacerse con ellos”. Hay casos en los que requieren tratamiento terapéutico o presentan problemas que no son capaces de abordar en estos centros. Entonces, los trasladan a los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Existen testimonios de menores, familiares e incluso trabajadores de los centros dibujaban un panorama desalentador: celdas de aislamiento (la ONU prohibió en 1990 la práctica de aislamiento de menores), castigos desproporcionados, medicación abusiva sin prescripción médica, contenciones físicas practicadas por personal no cualificado (guardias de seguridad), privación de libertad o violación de la intimidad sin la existencia de ninguna orden judicial. El régimen en el que viven recluidos estos menores les aboca a la marginación.

No es de extrañar que se den casos de gran agresividad, chavales que se autolesionan tragándose grapas o lapiceros e intentos de suicidio.

de los 58 centros de este tipo que existen en España, 55 están gestionados por entidades privadas a las que la Administración abona una media de 4.000 euros al mes. Diferentes colectivos de trabajadores han denunciado la situación de precariedad laboral, bajos salarios y la excesiva rotación de personal.

Para conocer casos reales pueden verlos en el siguiente enlace :

http://www.21rs.es/es/revista-21/886_Centros-de-menores-hay-otras-opciones.html

En alusión a las entrevistas que mostramos continuación hemos querido mostrar dos puntos de vista: desde el lado profesional mediante una trabajadora social y por otro lado para experiencia de un menor. Desde el foco de la trabajadora social es un trabajo gratificante con el objetivo de ayudar a las personas y por parte del menor muestra la gratitud de esta ayuda proporcionado por los profesionales.

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